El Programa Municipal de Sida desarrolla un trabajo de prevención del VIH con la población de trabajadoras sexuales desde el año 1993 en distintas instancias de trabajo. Presentamos en este texto algunos puntos de partida teóricos-metodológicos que nos han servido de guía, y que a su vez, se han ido construyendo desde la práctica misma, y la comprensión de la especificidad de este trabajo.

Un punto de partida es considerar a la sexualidad humana como una construcción histórica, es decir, no como algo natural y dado sino como un campo que se construye históricamente.

La sexualidad como campo de abordaje ha sido tomado por las distintas disciplinas y discursos científicos (la Psicología, la Medicina, el Derecho, la Sexología) para los procesos de identificación, clasificación, y designación de categorías de desviación.

Un problema es que la prostitución/el trabajo sexual ha sido tributario de distintos significados de acuerdo a condiciones histórico-sociales determinadas. Los límites entre moralidad y enfermedad en el discurso sobre la prostitución, llevan implícito un proyecto de normatización higiénica en lo físico, lo moral y lo social.

CONCEPCIONES SOCIOLÓGICAS SOBRE LA PROSTITUCIÓN FEMENINA
Una concepción que ha marcado las políticas dirigidas a esta población es el etiologicismo al cual luego nos vamos a referir. Pero no se puede obviar en un análisis histórico de este fenómeno, la obra de August Bebel de 1879, "La mujer y la sociedad", trabajo en el cuál el autor nos plantea un recorrido sobre las ideas que la sociedad ha desarrollado alrededor de esta actividad. Nos muestra el autor, como se constituye a la prostitución como una institución social necesaria para la sociedad burguesa, igual que la policía, el ejército la Iglesia y la patronal.- Evidencia como se va constituyendo la idea de la prostitución como una desviación, pero paradójicamente, como una desviación necesaria. El análisis de este autor, se remonta al mundo antiguo, Grecia, Roma, posteriormente aborda las ideas de San Agustín y Santo Tomás, como institución necesaria.
Resulta interesante la opinión del médico policial de Leipzig, Dr, Khun, quien sostiene que la prostitución es un mal que hay que tolerar en bien del matrimonio, y dispone medidas de policía para controlar a las prostitutas y proteger a los hombres de enfermedades molestas. Recoge también la opinión del Dr. Folk, sobre salud pública, quien "encuentra justificado que el Estado regule y supervise la prostitución y se encargue de suministrar a los hombres prostitutas libres de sífilis.

CONCEPCIONES ETIOLÓGICAS DE LA "DESVIACIÓN" FEMENINA
La prostitución de la mujer, siempre estuvo estigmatizada como desviación anormal, propia por razones biológicas. Desde los primeros estudios realizados por Lombroso y Ferrero, en 1895, sobre "la mujer delincuente" las concepciones etiológicas sobre la "desviación" femenina, atribuyen a la combinación "antinatural" de lo que consideran los peores atributos masculinos y femeninos, a partir de tomar como variable del análisis una esencia de la sexualidad, vaciada de contenidos culturales. Esta perspectiva biologicista encapsulada en una mirada etiológica, impide aprehender el carácter histórico social de construcción de las propiedades de lo femenino y masculino. En este sentido la incorporación de la perspectiva de género, entendida provisionalmente, como la organización social de las relaciones entre los sexos, se vuelve necesaria para tratar de dilucidar un fenómeno social de criminalización de la mujer, y su relación con las políticas de control de enfermedades, que explican la replicación de este fenómeno a fines del siglo XX, como reacción frente a la epidemia del VIH, que las vuelve a ubicar como culpables, e impide desarrollar políticas de prevención dirigidas a la población femenina.

Estas ideas sobre la prostitución se conjugan, desde la etiología se la estigmatiza como una desviación propia de la mujer, y sociológicamente se la considera necesaria por razones higienistas, pero justamente por ser un mal necesario, debe ser controlado. Ese marco de significación, signó las políticas de control sobre la actividad.

HISTORIA DE LAS POLITICAS DIRIGIDAS A ESE SECTOR
Resulta necesario hacer un breve recorrido sobre las mismas, para dilucidar como se construye en nuestro país, la relación señalada entre moralidad, enfermedad y control, en relación al ejercicio de la prostitución femenina.
En Argentina, las ideas del positivismo criminológico ingresan tempranamente, casi simultáneamente a su desarrollo en Europa, debido al protagonismo intelectual de la denominada generación del 80' y sus vínculos con el viejo mundo. El surgimiento y consolidación de esta corriente de pensamiento, aparece relacionada con una problemática fundamental de la economía agroexportadora: la cuestión de la disciplina en el trabajo.- Los desarrollos teóricos, las prácticas sociales y las recomendaciones políticas de los positivistas estuvieron orientadas a identificar, interpretar y manejar dentro del contexto de instituciones disciplinarias la pretendida falta de una ética de trabajo de importantes sectores de inmigrantes, y en reciclar a los desgranados del mercado de trabajo.- Si bien esta ideología no llegó a plasmar en un código penal, la herramienta más poderosa, denominada "el estado peligroso sin delito", llegó a introducirse en los llamados edictos policiales, reglamentaciones municipales y leyes de contravenciones policiales, que apuntaban al control policial de los inmigrantes, de los desocupados, controles higienistas, y de actividades relacionadas con la prostitución, el juego, y toda clase de "vago y mal entretenido".- De tal manera, policias, autoridades judiciales y municipales comienzan a disputarse el control del "desorden social".

Desde la primera mitad del siglo XIX, la vigilancia y persecución de las prostitutas, definieron las relaciones de poder entre los funcionarios urbanos. En 1873, se desata la epidemia de Cólera en Buenos Aires, y se agudizan los criterios de políticas higienistas dirigidas inicialmente al control de inmigrantes. A partir de 1875, en plena tarea de ordenamiento de la ciudad de Buenos Aires, a través de una ordenanza municipal se autoriza el funcionamiento de los burdeles.- Pero a su vez, se establece por iniciativa del Dr. Mauricio Garrido, medidas tendientes a aislar a la prostitución clandestina, a la vigilancia de los establecimientos, y a la elaboración de estadísticas.

Con el auge de la Salud Pública, la medicina, a través de los higienistas asume la problemática de la prostitución como un asunto médico, vinculado al control de enfermedades "venéreas", consideradas propias de las prostitutas, y mujeres pobres en general. Dentro del proyecto de sanitarización, las prostitutas debían ser identificadas y separadas del conjunto de la población femenina. En los intentos por frenar la sífilis, se fue legitimando en control de enfermedades contagiosas basándose en criterios supuestamente científicos para frenar la enfermedad, que fueron logrando la manipulación de la vida de muchas mujeres, sometiéndolas a encarcelamientos, exámenes ginecológicos, y la correspondiente estigmatización.

En la década del 20' se organiza en Argentina la famosa Zwi Migdal, que fue una empresa organizada como sociedad anónima, destinada al tráfico de mujeres, y a la explotación del trabajo sexual. Dicha sociedad, tuvo uno de sus principales asientos en la ciudad de Rosario.

A partir del golpe de estado de 1930, comienzan las políticas prohibicionistas.

La ordenanza de la Municipalidad de Buenos Aires, del 30-4-32, derogó a partir del 1 de enero del '33, todas las concesiones, permisos y demás resoluciones que reglamentaban el ejercicio de la prostitución. Por el art. 2 se facultó a las autoridades judiciales al estricto cumplimiento de las normas de "orden y moralidad pública". Se crean dispensarios para tratar enfermedades venéreas, y se propicia una "campaña científica y permanente de divulgación sobre el mal venéreo, sífilis, y su profilaxis, mediante folletos, volantes, conferencias y demás recursos que aconsejaban la experiencia".- Asimismo se facultó a los agentes consulares extranjeros a que facilitaran el regreso a su país de las mujeres que así lo desearan y se propició una ley abolicionista en todo el país. El 30-12-35 la llamada ley nacional de profilaxis, Nº12.331, que prohibe el establecimiento de "casas de tolerancia" en todo el país, y convierte en delito el regenteo clandestino de tal actividad y la transmisión de enfermedades venéreas con penas de 3 a 15 años de prisión. Si bien el ejercicio individual de la prostitución no fue tipificado como delito, (o sea que es lícita) el ejercicio en forma escandalosa y que "afecte el pudor público" fue consagrado como contravención, tanto en los edictos policiales, como en los códigos de faltas de distintas provincias, entre ellas la provincia de Santa Fe donde está situada nuestra ciudad.

Estos cambios, aparentemente moralistas y sanitaristas, significaron el triunfo del monopolio del control policial sobre la materia, y la eliminación de la explotación privada de la actividad que había llegado a interferir en la disputa política, financiando campañas de candidatos de distintos partidos políticos a funciones públicas. Haciendo un paralelo con políticas de control de otros países del mundo, Bebel, en la obra citada, nos recuerda como a fines del S XIX, en Francia, estaba regulada, en cambio en el Imperio Alemán, estaba tolerada pero las casas públicas estaban prohibidas, el proxenetismo castigado, se castigaba la concesión de casas para la prostitución. Sin embargo, la policía comienza a tolerar la actividad, y elabora una lista de ciertas prostitutas, sobre las que ejercía un exhaustivo control, según el criterio de policial de la época, al que se opusieron incluso los sanitaristas, diciendo que era inconducente, y por ejemplo las revisiones policiales resultaban tan degradantes que las mujeres perdían todo el resto de dignidad que les quedaba.

Una historia presente:
En Argentina, en particular en la provincia de Santa Fe, el ejercicio de la prostitución, en la actualidad, está considerado una contravención si es ejercida en forma "escandalosa", de tal manera que afecte a la "Moralidad y las buenas costrumbres", en el art. 81 de la ley de faltas Nº10.703, y está reprimido con una pena de 30 días, y hasta 60 días si las incitaciones fueren dirigidas a un menor de 18 años.

En oportunidad de dictarse el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, en marzo de 1998, la derogación de los edictos policiales que permitían el control de la prostitución generaron uno de los mayores debates y disputas políticas, llegándose a vincular el trabajo sexual con los problemas de seguridad de la población, de tal manera que se llegó a revertir la ley 10 que originariamente no reprimía el ejercicio de la actividad y por ley 42 se lo incorporó en el art. 71, como contravención contra la "tranquilidad pública", en caso de ruidos, perturbaciones, y exhibiciones.

Esta breve historia de criminalización de la actividad, resulta interesante para observar como en el momento en que se comienza a conocer la epidemia del VIH-Sida, y se pretende legislar sobre el mismo, las primeras leyes que surgen en nuestro país fueron provinciales o estatales y vincularon la epidemia, a través de la deformación de la categoría "grupos de riesgo" con los grupos poblacionales históricamente estigmatizados, entre ellos las trabajadoras sexuales. El ejemplo más paradigmático, fue la ley 10.339/88 de la Provincia de Santa Fe, que retomó los viejos criterios positivistas, y sanitaristas del siglo pasado, e impuso como respuesta supuestamente sanitaria, el reforzamiento de la criminalización de la actividad, junto con los homosexuales, y los drogadictos, que completaban para la ley el catálogo de grupos peligrosos (bajo la denominación de "grupos de riesgo").
Se sumó a esto una acordada de la Cámara Penal (acordada nro.2), que autorizó a aplicar la prisión preventiva (no existía en el C.F., sólo excepcionalmente por el art. 28) para aquellas que no quisieran hacerse el VIH.
Esta ley imponía la privación de libertad de las trabajadoras sexuales, si en ocasión de ser detenidas no aceptaban hacerse el análisis de VIH. Si del mismo surgía un resultado positivo se les notificaba en el Juzgado de Faltas, y en la próxima detención se les imputaba el delito de "contagio de enfermedad venérea" tipificado por el art. 18 de la ley 12.331/35 de profilaxis, que impone una pena que puede ser entre 3 y 15 años de reclusión o prisión. El testeo se les exigía con la periodicidad de control que establecen las ordenanzas municipales para el control de enfermedades venéreas, en caso de VIH cada tres meses. Esto da cuenta de la gravedad de la persecución que sufrieron las trabajadoras sexuales, a partir de la aparición de la epidemia. Dicha ley quedó derogada por la ley nacional de Sida, 23.798, pero dado que no lo establecía expresamente, se siguió aplicando hasta el año 97, en que fue derogada expresamente por la ley provincial Nº11.460/97. Sin embargo de hecho, se incorporó a la práctica policial, que siguió ejerciendo el control de esta forma. Por lo tanto la situación actualmente planteada es la siguiente: el ejercicio de la prostitución no es delito, por lo tanto sólo esta prohibido por disposiciones contravencionales en caso de que la misma sea considerada "escandalosa" y afecte la "moralidad y las buenas costumbres" en la provincia de Santa Fe, y la "tranquilidad pública " en la ciudad de Buenos Aires.

Esta forma de criminalización, pone en manos policiales el control de la actividad, dado que es esta fuerza de seguridad la que determina cuáles son los actos escandalosos. Por otra parte la Policía de Rosario, mantiene una división especializada que se denomina "Moralidad Pública", que es la que tiene a su cargo el control. A las mujeres que trabajan en paradas callejeras, se les exige que exhiban estudios de VIH. A las mujeres que trabajan en "lugares de diversión noctuna", boliches, wiskerias, etc., se les solicita la libreta sanitaria según ordenanzas municipales 4132/81 y 4160//86, que las incluye como "alternadoras", y el examen de VIH (VIH, c/3 meses, VDRL, Exhudado vaginal). En caso que no lo exhiban actualizado las detienen y las derivan al Juzgado de Faltas donde se les inicia un proceso por prostitución escandalosa. Este proceso culmina con una pena de prisión, o puede accederse, según las circunstancias a una pena alternativa que implica hacerse los análisis, y actividades de información sobre la transmisión del VIH.

En definitiva, persiste la criminalización de la actividad en el marco de una ideología higienista que culpabiliza a la mujer pobre de desviaciones morales y enfermedades, manteniendo el vínculo de enfermedad y castigo.

FUNDAMENTOS DEL TRABAJO EN LA POBLACION ESPECÍFICA:
La definición de por qué abordar esta población específica, desde nuestro trabajo se sostiene en los siguientes ejes:

Esto conlleva implícito dos sentidos: por un lado, la prostitución es entendida como un comportamiento individual y no como una relación (de hecho sin un otro "cliente" no existiría); y por otro lado, las intervenciones no se realizan contemplando su posición de "amenazada" por el virus o cuidando su situación de salud, sino que la desplaza como "amenazadora" o sea "vehículo de la circulación del virus". Se establece así una demarcación de las epidemias como las enfermedades de los "otros" que funciona como reaseguro imaginario para la "supuesta población sin riesgo o sana".(esto tiene su antecedente ya con las enfermedades de transmisión sexual o las infecciosas en general predominando la concepción de que la enfermedad proviene de otro lugar: sea otro grupo, como conjunto de personas con estilos de vida en común; o sea otro grupo extranjero al propio como el mal napolitano por los franceses en la sífilis).

Nosotros creemos que la relación trabajo sexual - VIH-Sida es una relación compleja que no puede ser reducida a una única categoría como la de grupos de riesgo, esto señala y expresa contundentemente la inadecuación y, muchas veces ambigüedad de la categoría de grupos de riesgo que pretende homogeneizar un grupo a partir de una práctica laboral sancionada y valorada peyorativamente.

Otro punto a destacar es que el ejercicio de la prostitución como fenómeno socio-cultural, no puede no estar atravesado por las clases sociales. Como actividad no es exclusiva de una clase social sino de todas. Pero esto no significa que la manera en que se desarrolla sea igual en todas ellas: así la nominación de trabajadoras sexuales en paradas callejeras, o en locales nocturnos marca una diferenciación social y circunscribe las condiciones concretas de trabajo. Pero si bien la prostitución como actividad no es exclusiva de una clase social, sí lo son las formas en que se ejerce la represión sobre ellas, ya que la represión si no es exclusiva es mucho más grave en las poblaciones con menores recursos. Teniendo en cuenta esto es que abordamos el trabajo de prevención fundamentalmente con el sector que se encuentra más desprotegido y más perseguido que es la prostitución callejera.

La defensa de los derechos humanos. Las mujeres trabajadoras sexuales: Sujetos de derecho
Partimos del reconocimiento de la MUJER TRABAJADORA SEXUAL COMO SUJETO DE DERECHO. Nuestra intervención toma como núcleos prioritarios el reconocimiento al trabajo, a recibir protección contra la violencia, a la libertad, a la privacidad, al derecho de la utilización de medios preventivos y al derecho de todas las mujeres a realizar el trabajo que consideren más adecuado para ganarse la vida, incluido el trabajo con el sexo, sin tener que ser estigmatizadas por ello.

La delimitación de una población a partir de sus situaciones de vulnerabilidad por condiciones de género, de pobreza, de explotación en el trabajo, de desigualdad social, de clase, de relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres.

Se incluyen a mujeres trabajadoras sexuales como promotoras de salud para el desarrollo de las tareas de prevención, lo que les posibilita situarse como sujetos de prevención hacia su misma población.

Se apuesta a la construcción de intervenciones colectivas con y desde la misma población de trabajadoras sexuales considerando a las mismas como sujetos activos y protagónicos en la prevención del VIH.

Se aspira a potenciar las posibilidades que las mujeres tienen en la negociación y autonomía para la negociación del uso del preservativo, para la posibilidad de negarse a una relación sexual coercitiva, etc. La perspectiva de género permite a su vez, analizar la prostitución como una situación relacional (mujer-cliente) donde se juegan relaciones de poder por parte de los hombres arraigadas socialmente, lo que indica la necesidad de avanzar hacia mayores grados de empoderamiento de las mujeres en las opciones de vida y en el cuidado de su salud.

El primer acercamiento que tuvo el Programa Municipal de Sida en 1996 a esta problemática, tuvo como objetivo indagar en el conocimiento que tenían del VIH-Sida, y conocer las actitudes y comportamientos frente a esta problemática, con la finalidad de planificar medidas preventivas específicas para esta población. Establecida cierta relación a través de la sala de espera con las trabajadoras sexuales, se lleva a cabo un trabajo de capacitación y se incluyen trabajadoras sexuales como promotoras de salud estableciéndose un sistema de rotación en el trabajo a los fines de multiplicar la experiencia y la participación en el trabajo.

En la actualidad las estrategias de prevención se plantean fundamentalmente en dos direcciones: en los lugares de atención de la salud y en los lugares de trabajo: en las calles y en los boliches.

Desde mediados del 2003 dos veces por semana en horario nocturno y en un móvil con chofer contratado para este fin, una promotora trabajadora sexual del programa recorre las paradas de trabajadoras sexuales de la periferia de la ciudad. Esta estrategia de movilidad, tomada de trabajos similares en Francia, permite llevar información y preservativos a las trabajadoras sexuales de mayor vulnerabilidad.

Para concluir, y como efecto de un trabajo de prevención con y en la población nos parece importante señalar que se ha logrado la inserción de las trabajadoras sexuales como promotoras de salud, tanto hacia el interior del programa, como en la población específica, y se perfila su trabajo hacia otras poblaciones femeninas. Por lo tanto, considerar a las trabajadoras sexuales como sujetos de derechos, obliga a reconocer en ellas toda la potencialidad que guardan como sujetos activos de prevención, no sólo en la educación entre sus pares, sino hacia el resto de la sociedad.

Referencias Bibliográficas

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Abog. Matilde Bruera y Psic. Sandra Gerlero